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Venta del diario "La Nación": Entre la venganza política y la indiferencia

03 de Febrero de 2014 -

Caso La Nación

La sentencia sobre el diario La Nación fue dictada por el propio Sebastián Piñera en 2009, cuando siendo candidato anunció que de ser electo pondría fin al periódico. El mandatario cumplió su amenaza a través de un calculado procedimiento de disolución y liquidación de la empresa que se demoró prácticamente cuatro años. Sin embargo, hubo una larga antesala de dos décadas, en que los gobiernos democráticos hicieron poco y nada por darle al medio un verdadero proyecto que potenciara su rol público.

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Desde el lunes 27 de enero la marca histórica del diario "La Nación" con 97 años de historia, junto al periódico electrónico, quedaron en manos de la Consultora Novoa y Compañía Limitada que ofreció 320 millones en efectivo, y cuyo principal socio es Luis Novoa Miranda. Hasta ahora se desconoce cuál es la intención de los nuevos propietarios respecto de la gestión del medio de comunicación.

Durante la subasta pública sólo hubo dos oferentes, siendo el otro interesado el periódico electrónico El Mostrador, el cual a través de una nota editorial publicada el viernes pasado, cuestionó todo el proceso al cual califica de poco transparente. Como lo consigna en su sitio, la comisión liquidadora de la Empresa Periodística La Nación estaba encabeza por personas de directa confianza del Presidente de la República, quienes designados por él y en representación del 70% de las acciones del Estado, decidieron adjudicar a la Consultora la titularidad de la marca. De este modo, y en paralelo a la lectura del fallo de La Haya, el Gobierno concluyó el frío y calculado plan de  desmantelamiento de La Nación que se inició en 2010, con el término de la edición en papel.

Como se trataba de una empresa mixta, la apuesta del Ejecutivo consistió en desvalorizar los activos para obligar a los socios privados -que controlaban el 30%- a aceptar la venta. La empresa estaba conformada por el Diario Oficial que facturaba más de 4 mil millones de pesos al año y que fue transferido al Ministerio del Interior, además de la imprenta "Puerto Madero" y del edificio de calle Agustinas, cuyas propiedades también fueron subastadas. En paralelo el archivo histórico del medio fue vendido sin licitación a la Universidad Diego Portales. Así se aisló al periódico y su redacción -el último eslabón de la empresa- que constituía el núcleo del proyecto editorial que venía reclamando desde los años noventa que se transformara un medio público, a través de la figura de una empresa autónoma del Estado con un directorio pluralista.

Por ello se puede afirmar que la privatización final del periódico del Estado, como lo han señalado los trabajadores de La Nación, se trató de una venganza política anunciada hace cinco años por Sebastián Piñera, quien consideró que el gobierno de Michelle Bachelet había utilizado el diario para favorecer al entonces candidato presidencial Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

20 años de indiferencia...

Pese a que resulta evidente que el desmantelamiento de La Nación fue una decisión política, ello, no obstante, ocurrió en el contexto de un medio que ya se encontraba debilitado en cuanto a las posibilidades de realizar su proyecto periodístico.

A lo largo de los 20 años de transición, la gestión del periódico fue tensa, registrándose varias polémicas que enfrentaron a los directores y periodistas con los gobiernos de la Concertación. Sin embargo, cabe destacar, que siempre fueron los trabajadores y el Sindicato de Periodistas, quienes defendieron la necesidad de contar con un estatuto de autonomía frente a las tentaciones editoriales que surgían en La Moneda, especialmente durante los años de elecciones.

Al asumir Ricardo Lagos la presidencia en 2000, se intentó imprimir al diario un sello ciudadano luego de varios años de pauta centrada en el deporte. Así se dio vida al semanario "La Nación Domingo", proyecto de investigación y denuncia que pronto terminó por incomodar al Gobierno. En ese entonces, se ensayó la creación de un consejo editorial pluralista de carácter "voluntario", que naufragó en medio del "caso Spiniak", cuando los representantes de la Alianza se retiraron del periódico.

Tras el fracaso diarios como "La Época", "El Metropolitano" o "Diario Siete", el medio público se transformó en el único tercer actor de la prensa con un 10% del mercado, frente al 90% del duopolio conformado por El Mercurio y La Tercera. La falta de autonomía acrecentó la deriva de La Nación, mientras sus competidores -en cambio- consolidaron su posición dominante. No obstante la gravedad de esta situación, que limita seriamente el ejercicio del pluralismo en Chile, los gobiernos de la Concertación prefirieron invertir buena parte de la publicidad estatal en el duopolio, y muchas de las autoridades se retrataron junto al poder económico en las "páginas sociales" de ambos medios.

En el balance final del caso "La Nación" sigue pesando de manera lamentable la frase que pronunciara Eugenio Tironi, cuando afirmó en su calidad de asesor del gobierno de Patricio Aylwin, que "la mejor política comunicacional es no tener política". Las consecuencias de esa visión ideológica son conocidas: todos los medios que lucharon por la recuperación de la democracia desaparecieron, y aquellos proyectos editoriales alternativos que surgieron en la transición, no contaron con ninguna política pública que los apoyara frente a la concentración de la propiedad de los multimedios ligados al empresariado y a la dictadura.

La venta del diario "La Nación" constituye una vergüenza para el Estado, y se inserta plenamente dentro de la lógica neoliberal de una administración que se limita a "respetar" el pluralismo pero que rechaza "promoverlo", porque considera que aquello sería una intromisión indebida en la "libertad de prensa". Pero claro está, que al igual que en la Educación y en la Salud -la "libertad de prensa"- más que una libertad de los ciudadanos es una "libertad de empresa", que en la práctica otorga el derecho a la expresión y la comunicación a los grandes actores económicos y su agenda, en detrimento de un pluralismo de verdad, que incorpore la diversidad de sectores que conforman la sociedad chilena. 

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