Por Rosario Puga

La política nacional se ha visto por estos días remecida por el movimiento estudiantil secundario. Un movimiento frente al cual tenemos la expectativa que porte la renovación que tanto necesita  nuestra cultura política. Pero se trata de un movimiento que antes que ideológico es generacional. Un protagonismo político donde lo más claro es el cuestionamiento a la legitimidad del sistema donde les toca ser jóvenes.

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Aunque los medios criminalicen a los protagonistas de las movilizaciones presentándolos como una amenaza al orden,la rebelión del movimiento secundario cuestiona muchas cosas que el sistema había dado por vistas.Y sí son un factor de desestabilización es porque representan la politización de una condición que hasta hace poco fue hábilmente administrada por el sistema: ser joven en Chile.

En los 80 los secundarios se movilizaron bajo la consigna: seguridad para estudiar, libertad para vivir. Lucharon por la democratización de los liceos en el marco de una democratización general del país. En los 90 al inicio de la transición el movimiento estudiantil secundario se disgregó casi por completo. Aparece entonces la idea de que los jóvenes“no están ni ahí” con la participación social. Esa idea marco mayoritariamente el imaginario sobre los jóvenes que la sociedad y sus instituciones tenían. La idea fue hábilmente explotada por los medios de comunicación.Efectivamente la participación política formal de los jóvenes empezó a estancarse. Esta “aparente pasividad” se rompe con el llamado “mochilazo”del 2001, en que miles de secundarios salen a las calles a protestar contra el alto costo del pase escolar. El trato que el gobierno de Lagos dio a las movilizaciones se caracterizo por la invalidación del diálogo político y por la instalación de un dispositivo de deslegitimación basado en la sospecha. La respuesta concertacionista fue intentar asimilar los liderazgos estudiantiles a través del parlamento juvenil.

Como señala el sociólogo Raúl Zarzuri “Se trataba de una orgánica planificada desde el mundo adulto con el objetivo de tener un referente con el cual la  autoridad pueda negociar en caso de que ocurrieran conflictos”. Pero el malestar con el desarrollo democrático estaba instalado y los secundarios no respondieron agrupándose en orgánicas como la antigua FESES, buscaron formas más horizontales y crearon la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios(ACES). Desconociendo el acuerdo entre el  Parlamento Juvenil y el MINEDUC la ACES llamo a un paro general de estudiantes altamente exitoso, que legitimó aún más a esta organización.

Las grandes manifestaciones pararon hasta abril del  2006 cuando bajo el gobierno de Bachelet comenzó lo que los medios llamaron“La revolución pingüina”.Las  movilizaciones estudiantiles de ese año perseguían, en primera instancia, resolver el tema del pase escolar y la gratuidad de la PSU. Era un petitorio de marcado carácter gremial que buscaba el reconocimiento de la ciudadanía de los estudiantes en aspectos referidos a las condiciones de la educación secundaria en Chile. Eran los años del record de cobertura, de la reforma y de la doctrina Brunner 

El diagnóstico que realizaba el gobierno y que amplificaban los medios de comunicación, era que se estaba frente a un movimiento estudiantil donde se impulsaban movilizaciones con la excusa de delinquir (los encapuchados) y sin capacidad para detener los hechos de violencia. La respuesta de los estudiantes fue recurrir a la toma de los establecimientos educacionales y convocar a paros indefinidos.Mediante este cambio estratégico controlaron los escasos estallidos de violencia que, como señalaron los estudiantes, impedía que las demandas estudiantiles fueran visibilizadas, ya que los medios y el gobierno sólo se dedicaban a estigmatizar las movilizaciones bajo el signo de la violencia. 

El 2006 el movimiento hace aparecer por primera vez la critica estructural al modelo de la educación de mercado impulsada por la concertación. Como señala Zarzuri “El eje de las demandas iniciales pasa de las reivindicaciones localizadas a cuestiones más amplias y estructurales como es la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE). Los secundarios ponen el dedo en la llaga respecto de la calidad de la educación, que se traduce en grandes diferencias entre los distintos tipos de establecimientos, cuestión corroborada con las pruebas SIMCE y la PSU, donde los jóvenes y colegios de sectores más pobres salen mal evaluados o no alcanzan a lograr los puntajes mínimos para ingresar a la universidad”.

Los estudiantes obligaron a las autoridades a la transformación formal de la ley orgánica de educación sin embargo no se tocaron los principios del sistema, ni el rol del estado. Así comienza la lucha contra el lucro

El movimiento contra el lucro se desarrollaría desde el 2010 y con más fuerza en la alianza con los universitarios el 2011. Los años acentuarían también la crítica a la legitimidad de la clase política y de la institucionalidad democrática.

En el desarrollo del proceso esperamos que los jóvenes  tengan una capacidad  de  acción política inédita. Nos cuesta aceptar que desde el mochilazo del 2001 al cuestionamiento del lucro del 2011 y la demanda de un estado responsable del 2012 hay una evolución del actor juvenil que se perfila desde la calle y la movilización como un sector con identidades diversas desde donde habla  un segmento social  que  no  puede  seguir siendo engañado.