Por Rosario Puga

El gobierno de Ecuador, confirmó el asilo político de Julian Assange, fundador de Wikileaks. Al momento de defender la decisión el canciller Patiño argumento la defensa irrestricta de su gobierno  de la libertad de expresión. Es una paradoja que la suerte del fundador del portal de noticias que ha fiscalizado  al poder global haya sido decidida por el presidente Rafael Correa,cuyos créditos en la valoración  de la libertad de presión son por decir lo menos deficientes.

La figura de Correa corresponde a la de un caudillo que ha protagonizado una guerra personal contra los medios de su país que ha  tenido capítulos  que se explican  en parte por  la disposición del gobernante  a  pensar que la investidura  presidencial  se equipara  con la  de los cesares en la Roma Imperial que eran  intocables y estaban  más allá de cualquier critica . 

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Significativo en esa dirección fue la controversia judicial con el diario el Universo y la demanda contra los autores del libro el Gran Hermano, quienes fueron condenados el 7 de febrero por un tribunal a pagar dos millones de dólares al presidente  por "daño moral" tras escribir un libro  sobre el empresario Fabricio Correa, hermano mayor del jefe de Estado. La obra señalaba directamente el favoritismo del que gozó el empresario, que obtuvo más de 150 millones de dólares a través de contratos con el Estado. Considerando que se dañaba su honor personal, el presidente presentó una demanda contra los dos periodistas en febrero de 2011 y reclamó una indemnización de cerca de 10 millones de dólares.

Como señala RSF“Los dos casos ponen de relieve un régimen de sanciones desproporcionadas que constituyen una incitación a la autocensura. La magnitud de la condena impuesta a El Universo y sus representantes, pese al carácter extremo de las declaraciones incriminadas, hace temer por el futuro de la libertad editorial en Ecuador. Esta vez, lo que está en juego con el precedente de ‘El Gran Hermano' es la capacidad de investigación de los periodistas”. En este caso, Rafael Correa reclama un ataque a su honor por una información que no se refería a él –noción por definición abstracta e imposible de probar, como lo reconoció la misma jueza que llevo el caso –así esquiva toda valoración del fondo de los hechos, exigiendo a los autores que reconozcan su "mentira" antes de retirar su demanda.

Al final el mandatario puso paños fríos al tema renunciando a la indemnización por el caso del periódico pero la guerra contra los medios de  oposición estaba declarada.

No se trata de ignorar que los desequilibrios mediáticos son un problema serio en el marco de funcionamiento  de cualquier democracia. Los medios de comunicación constituyen parte de la trama del poder y en Ecuador al igual que en todo latinoamericana la concentración de la propiedad en manos privadas beneficia a grupos económicos que han conformado en la industria mediática una actividad millonaria,que ha beneficiado el maridaje entre poderes corporativos y mundo  político. Pero en ese contexto la respuesta de los gobiernos debe  ser  la instalación  de un sistema de medios diverso y participativo y no debe  basarse en el control y la segregación de los contenidos.

Y esto último ha sido lo que  ha hecho durante  su gestión el  presidente ecuatoriano, que no sólo ha perseguido a profesionales y medios también ha  promovido regulaciones que  buscan controlar el desarrollo del debate público. Se trata simple y llanamente de leyes mordazas ,cuyo efecto devalúa  el valor de la liberta de expresión como  bien de la democracia.

Por ejemplo la condena de los autores de “El Gran Hermano”, coincidió con una reforma electoral  que establece importantes restricciones en la cobertura periodística durante periodos electorales.El texto presentado por el mismo Correa, establece que los medios de comunicación deberán abstenerse de toda“promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir en favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis políticas durante los tres meses previos a la elección .Aunque la nueva legislación no especifica las sanciones para los infractores de la norma no hace sino reforzar la  impresión de que el ejecutivo pretende limitar la libre circulación de información y de opiniones; más aún en un contexto electoral que debe precisamente favorecerla.Queda pendiente saber si la normese aplicará  a los “enlaces sabatinos” del jefe de Estado.  

Otro de los puntos sensibles sobre libertad de expresión en Ecuador es la  Ley Orgánica de Comunicación.Su discusión avivo un duro debate ya que su redacción asigna al estado atribuciones de control de los medios que son excesivas. Si bien reconocen la existencia de medios comunitarios este reconocimiento se  da en un marco de amplias atribuciones  para que el estado ejerza veto y censura previa. Además contiene normas que autorizan a instancias administrativas (y no las judiciales) a disponer la suspensión y prohibiciones de contenidos.

En su momento AMARC ALC hizo ver que la ley no cumple con los estandares mínimos definidos por la Covencion interamericana de DDHH en materia de libertad de expresión. 

Correa creo un  entorno  a la discusión  sobre  el marco de la ley  que supone que el conflicto de la libertad de expresión se resume al rol del estado frente al control de los medios renunciando a entender que la constitucion  de un sistema de medios democraticos  requiere  una arquitectura  que cree contra poderes.

Algo  dificil de entender para el caudillo que afirma:el estado  soy yo.