Zoila Bustamante, pdta. CONAPACH

Desde principios de junio la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), está movilizada en contra de llamada "Ley Longueira", nombre con que ahora es conocida la ley larga de pesca, que el ministro de Economía quiere aprobar sin dar lugar a ningún tipo de debate sobre el efecto privatizador y oligopólico de la normativa.

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Durante el trámite en la comisión mixta del Congreso, el titular de Economía se ha opuesto a cualquier indicación que modifique la peculiar concepción de libre mercado con que ha impulsado la Ley de Pesca. En vez de mayor competencia, con nuevos actores y menos concentración económica, se apunta a beneficiar a seis familias propietarias de cuatro grupos económicos a costa de la Pesca Artesanal, que bien podrían ser consideradas como las "PYMEs" de este mercado. 

En lugar de una regulación que concesione periódicamente los recursos marítimos en función de su sustentabilidad, y de favorecer el mercado, Longueira propone en cambio entregar permisos "a perpetuidad"  y gratuitamente a los actores establecidos de la pesca industrial, los que en todo caso podrán "transferirlos" o "revenderlos" si abandonan el rubro.

El Estado, entonces, ya no podría nunca más intervenir para llamar a nuevos concursos. El asunto es de la mayor gravedad, puesto que no se trata sólo de la privatización encubierta de un bien nacional administrado por el poder público, sino de la explícita bendición gubernamental de un oligopolio que niega el mercado y la libertad económica, los valores centrales de la presente administración de centro-derecha.

Actualmente el 92% del rubro está controlado por cuatro empresas de escala industrial que practican la "pesca con arrastre" con devastadoras consecuencias. Son: Orizon (fusión de South Pacific Korp y Pesquera San José); Blumar (fusión de Itata y Golfo), Camanchaca Pesca Sur (fusión de Camanchaca y Biobio) y Marfood (fusión de Joint Venture de Alimar y Foodcorp); los que a su vez son propiedad de las llamadas “siete familias”: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Santa Cruz.

"La pesca artesanal no está de acuerdo con que se entreguen los permisos de pesca a perpetuidad, eso es privatizar. Tampoco estamos de acuerdo en que la ley tenga un límite de 25 años. Nosotros hemos hecho propuestas, decimos que no puede pasar de más de 10 años, no pueden entregar los permisos indefinidos, hay que ir viendo cómo se van portando los recursos", manifestó Zoila Bustamante, presidenta de CONAPACH, a Radio Tierra.

"En este país somos 120 mil pescadores artesanales, o sea 120 mil familias (...) que están sujetas a la ley de pesca" recalcó la dirigenta, quien consideró necesario que se mantengan las cinco millas exclusivas para su sector en todo el territorio nacional, además de que las millas se determinen de la manera en que ellos lo hacen desde la costa. También remarcó la necesidad de que los "permisos se hagan correr para que nuestra gente no ande de ilegal". 

Bustamante afirmó que "este es un tema país", y que mientras se debate la ley, muchos de los recursos marinos se están agotando producto de la acción de la industria, como sucede con la merluza común. Razón por lo cual considera que se hace imprescindible que "se implementen planes de manejo y de recuperación de las pesquerías, y que trabajen en conjunto con los comités técnicos. Y que los comité técnicos sean los que entreguen las cuotas de pesca y no el Ejecutivo".

Por último, y en respuesta a la acusaciones de Longueira en contra de la CONAPACH, de "estar financiada" para protestar contra la normativa, contestó que "no trabajamos para ninguna empresa en particular, si lo pescadores se movilizaron fue por sus derechos, estamos en un país libre y democrático", expresó.