21 años de libertad

Distribuir contenido

El aborto y la objeción de conciencia de las Mujeres...

03 de Junio de 2014 -

Objeción de conciencia

La reacción del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, señalando que en las clínicas de su institución no se van a practicar abortos terapéuticos -aunque se apruebe una ley-, puso en el debate la peculiar forma en que los sectores conservadores invocan como derecho la "objeción de conciencia". Ante tal argumento cabe preguntarse, ¿por qué a las mujeres que en uso de su conciencia optan por interrumpir un embarazo no se les reconoce entonces -de igual manera- el derecho a decidir?

Las palabras del académico reflejan la posición de un sector cada vez más minoritario de la sociedad frente al anuncio presidencial referido a impulsar la despenalización del aborto en tres causas, y que vino a abrir en plenitud -luego de 24 años de democracia- un debate que involucra múltiples aspectos legales, sanitarios, sociales y culturales. La reacción de los grupos conservadores se ha centrado en cuestionar el derecho a decidir de las mujeres, desplazando a un segundo plano las razones "terapéuticas" bajo las cuales se permitiría la interrupción del embarazo.

Justamente este punto constituye el meollo de toda la discusión en torno al aborto: quiénes pueden decidir y quiénes no, quiénes deberían hacerlo y quiénes no deberían. De un lado las instituciones y los médicos con sus valores y creencias, y del otro las mujeres con sus cuerpos. En esta falsa dicotomía  entre "conciencias" y "cuerpos" resulta evidente que las mujeres no son consideradas como sujetas de derecho, y por el contrario, se les niega la capacidad de actuar más allá de la maternidad de acuerdo con sus propias conciencias.

Una de las características que debe tener un Estado democrático es el respeto por todas las opiniones, ideas o pensamientos, y por lo mismo, ningún credo religioso, político, o filosófico, debe ser impuesto a las y los ciudadanos o colectivos por las instituciones públicas. La búsqueda del bien común y la deliberación política debe efectuarse desde el reconocimiento del pluralismo y la diversidad social y cultural.

Resulta por tanto falso sostener, como se escucha a menudo -en el relato de los grupos autodenominados "pro-vida"-, que legislar la despenalización del aborto sería equivalente a imponer desde el Estado una determinada visión en favor de la interrupción de los embarazos. Despenalizar no es obligar sino abstenerse de sancionar. Es permitir que las mujeres que así decidan "en conciencia" puedan realizarse un aborto en condiciones seguras, proveyendo desde el sistema de salud los medios más adecuados. En ningún caso quien desee ser madre o quien quiera continuar con un embarazo de riesgo será obligada a interrumpirlo.

Este punto no es en absoluto contradictorio con los Derechos Humanos, ni supone la preeminencia de un principio "individualista". Por el contrario, es el justo equilibrio entre lo individual y lo colectivo, porque la conciencia y el cuerpo son aquellas dimensiones que constituyen el territorio propio y único de cada ser humano. El derecho colectivo a la autodeterminación del "cuerpo social" encuentra su correlato en la capacidad de decidir que tiene cada persona sobre su propio cuerpo.

Por ello, obligar a alguien a hacer algo que va en contra de su conciencia o de su cuerpo no puede ser sino considerado como una forma de violencia, como lo son la tortura o los abusos sexuales. Y por eso también, los tratados internacionales entienden la seguridad como la inviolabilidad y el respeto por la "integridad física y psicológica" de cada persona. La posición de los grupos conservadores sólo se explica en la medida que subsiste la idea de que las mujeres no son plenas sujetas de derecho. En esa lógica, la reproducción en vez de ser parte del ejercicio consciente de la libertad y autonomía corporal, se transforma en una suerte de obligación biológico-social. La humanidad de las mujeres consistiría esencialmente en la maternidad...

En consecuencia, resulta imperativo que el país avance en el reconocimiento y garantía efectiva de los derechos humanos sexuales y reproductivos junto con legislar la despenalización del aborto. Sólo una cultura donde la maternidad y la paternidad sean vividas como una opción responsable y consciente, permitirá equilibrar los roles de hombres y mujeres en el cuidado de los hijos, y otorgará a las mujeres y a los niños y niñas los plenos derechos que hasta hoy les son negados.

En esta marco, la "objeción de conciencia" es un derecho que compete a todos los ciudadanos, cuando en el ámbito de su propia autonomía se ven en la obligación de hacer algo que va en contra de sus convicciones. Puesto que las instituciones no poseen conciencia se trata siempre y en todos los casos de un ejercicio personal, y no es legítimo que respecto al aborto o a la anticoncepción de emergencia sea invocado por hospitales, universidades o municipios. Justificar ese tipo de posiciones es permitir que quienes en el ejercicio del poder están obligados a garantizar las políticas de salud impongan su conciencia al resto.

Si los médicos pueden decidir frente al aborto, ¡entonces también deben hacerlo las mujeres!

Facebook Mail

Comenta con tu Facebook

Compartir es mejor!. Salvo indiquemos lo contrario, nuestros contenidos están bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 2.0. Creative Commons Atribución-NoComercial 2.0.

Resúmenes - Administrar