21 años de libertad

Distribuir contenido

Chile en La Haya: El Provincianismo argumentativo que contrasta con su modelo de Globalización

30 de Septiembre de 2015 -

La Haya

Poco duraron las lecturas optimistas del fallo de la Corte de la Haya sobre la objeción preliminar de Chile a la demanda marítima boliviana. Se trata de un fracaso transversal y total de una Política de Estado que ha sido apoyada por todos los partidos políticos desde la UDI al PC. Dos hechos llaman la atención entre las reacciones de legisladores y ministros: primero, la falta de autocrítica y la insistencia en que las sentencias del Tribunal “no se ajustan a derecho”, y segundo, la poca importancia que se le ha asignado a la expresión “negociar de buena fe” que ocupó el organismo arbitral en su resolución.

La Corte Internacional de Justicia fue instituida en 1945 como una entidad cuya jurisdicción está acotada a la resolución pacífica de controversias entre aquellos países que la han ratificado como mecanismo válido,  y que por lo tanto, mediante sus respectivos poderes legislativos, de manera voluntaria y democrática limitaron y cedieron parte de su soberanía nacional. Este hecho es fundamental para comprender el desarrollo del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos de las últimas décadas, porque se trata de una garantía para evitar el recurso de la guerra y el abuso de poder por parte de los Estados. Esta Corte en especial no recibe casos de particulares contra países, pero su acción en definitiva es una contribución a la protección de los derechos de las personas y de los pueblos.

Chile ingresó voluntariamente a su competencia mediante el “Pacto de Bogotá” de 1948 que impulsó la Conferencia Panamericana, antecesora de la actual OEA (Organización de Estados Americanos) y cuya finalidad se resume en el artículo 1º: “Las Altas Partes Contratantes, reafirmando solemnemente sus compromisos contraídos por anteriores convenciones y declaraciones internacionales así como por la Carta de las Naciones Unidas, convienen en abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza o de cualquier otro medio de coacción para el arreglo de sus controversias y en recurrir en todo tiempo a procedimientos pacíficos”.

"No se ajusta a derecho"

Resulta tremendamente ingenuo y provinciano que la estrategia chilena, tanto en el pasado diferendo con Perú, como en el actual con Bolivia, comprenda y argumente el Derecho Internacional como una disciplina estática, intentando hacer prevalecer mediante la Cancillería su propia interpretación local, y creyendo que ésta debería ser aceptada por el Tribunal y la contraparte como norma universal.

Por el contrario, desde su creación, la Corte de La Haya ha resultado ser un importante agente dinamizador del Derechos Internacional. Cada uno de sus fallos es una interpretación de los tratados internacionales, y a lo largo de los años su labor ha significado la construcción de jurisprudencia y doctrina y a la vez una permanente actualización de las normas multilaterales.

Por ello, sostener que sus fallos “no se ajustan a derecho” constituye una afirmación temeraria, y que en buen chileno equivale a “patear el tablero” o intentar llevarse “la pelota para la casa”.  En el fondo, tal discurso lo que hace es apelar a una insostenible negación del hecho de que vivimos en un mundo globalizado, donde lentamente se han ido creando mecanismos de convivencia planetaria, y donde Chile –especialmente- no ha dudado en abrir su economía al mundo y suscribir los más variados tratados de “libre comercio”, cediendo allí también parte de su soberanía bajo un paradigma que se ha visto como “natural" con sus limitaciones y obligaciones.

"De buena fe"

El segundo elemento digno de análisis que dejó el rechazo de la “objeción preliminar” de Chile a la demanda boliviana, fue la siguiente definición que hizo el Tribunal: el verdadero objeto del diferendo es “saber si Chile tiene la obligación de negociar de buena fe el acceso al Océano Pacífico, y si de existir Chile la ha cumplido o no”.

Independientemente de que la instancia haya declarado que “no se puede predeterminar el resultado de una negociación”, es importante destacar que de ahora en adelante el meollo del caso será “la obligación de negociar”, expresión que además va acompañada por una exigencia de que sea “de buena fe”. Este último elemento ha sido muy ignorado en el debate nacional, porque si bien es difícil de definir y aparenta ser poco exigible en términos prácticos, alude a uno de los hilos conductores de la argumentación que ha desarrollado Bolivia, y que es la existencia de conversaciones y declaraciones en diferentes fechas en las que Chile habría expresado su voluntad de lograr una “salida soberana” al mar para el país altiplánico.

Por ejemplo, cuando bajo el gobierno de Gabriel González Videla, el 20 de junio de 1950, el canciller Horacio Walker sostuvo en una nota diplomática que “Chile está llano a entrar, formalmente, en una negociación destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico”. Cabe preguntarse ¿si entonces, se actuó de buena o de mala fe respecto al resultado prometido?

La estrategia de Bolivia consigna una serie de hitos en el Siglo XX en los que se dieron este tipo de diálogos, siendo los más relevantes para la competencia de la Corte, los de 1950, 1961 y 1975. En todos ellos resulta una interrogante saber bajo cuál motivación actuó Chile, ¿el sentido de una deuda histórica con un país vecino, la necesidad geopolítica en épocas de tensión con el Perú, o una estrategia de dilación en el tiempo para rehuir la salida al mar? Bajo la misma lectura ha de ser analizada la “Agenda de los 13 Puntos” que se desarrolló durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, y que de acuerdo a Evo Morales, en su último ítem incluía la cuestión marítima.

La buena o la mala fe de Chile aluden a la voluntad política real de lograr una solución a la aspiración boliviana, y la reciente sentencia está indicando que es uno de los elementos clave que se analizará y definirá durante el juicio de fondo. Una eventual “obligación de negociar de buena fe” implica que por lo menos Chile transparente y explique su zigzagueante postura durante el último siglo.

Por último, el gran elemento olvidado por Bolivia –y también por Chile-, es que la fórmula de un eventual corredor terrestre con salida al mar al norte de Arica implica una negociación vinculante con el Perú, y por lo tanto, como solución posible se trata de un asunto “trilateral”, y no sólo entre Santiago y La Paz como tan frecuentemente insiste la cancillería chilena.

Facebook Mail

Comenta con tu Facebook

Compartir es mejor!. Salvo indiquemos lo contrario, nuestros contenidos están bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 2.0. Creative Commons Atribución-NoComercial 2.0.

Resúmenes - Administrar