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Una apuesta arriesgada: Tensión entre institucionalidad y participación en el itinerario de Bachelet

20 de Octubre de 2015 -

Institucionalidad y participación

La lógica de la Transición se ha resumido en la impopular frase “en la medida de lo posible”, fórmula engañosa que parecía afirmar algún tipo de avance cuando ocultaba una negación: los cambios que se habían prometido no eran posibles sin el consentimiento de los poderes fácticos militar, empresarial, eclesial y político. Por ello, la apertura hacia un nuevo ciclo democrático necesariamente implica redefinir qué es lo “posible” sin miedos y sin tutelas. Lejos de considerar este proceso como algo logrado, cabe reconocer que el itinerario Constituyente anunciado por Bachelet tiene el mérito de instalar el cambio de la Carta Fundamental bajo un horizonte concreto y posible de realizar.

La mandataria conjugó en su mensaje el realismo que ha marcado el “segundo tiempo” de su gestión con la afirmación de la viabilidad del cambio constitucional propuesto. Esta aparente contradicción de inmediato produjo críticas, tanto de quienes esperaban “más”, como de los que en nombre de la incertidumbre y del lento crecimiento económico querían dar por terminado el ciclo de reformas que amenaza el orden neoliberal impuesto en dictadura.

En ambos casos se repite y se insiste en que el cronograma dejó varias cuestiones sin resolver, como por ejemplo qué función cumplirán las “Bases Temáticas” elaboradas a partir de los Diálogos Ciudadanos, qué alternativas se barajan si no se logra el acuerdo político para aprobar por dos tercios la reforma habilitante, o qué sucederá en las próximas elecciones cuando los candidatos presidenciales y parlamentarios deban pronunciarse respecto a la continuidad del proceso constituyente más allá del actual gobierno.

Pero justamente en eso consiste el impulso y el riesgo del itinerario constituyente, en echar a andar un proceso institucional cuyos resultados últimos no son completamente previsibles, y por lo tanto ofrece una apertura real para el cambio. El riesgo de la cooptación y de un acuerdo cupular de los partidos políticos existe, pero también es una oportunidad única para que la participación ciudadana haga suya la demanda por una nueva Constitución y se exprese masivamente luego de años de abstención electoral.

Michelle Bachelet puso toda la tensión del proceso en el contrapunto entre institucionalidad y participación: por un lado el deseo de la calle -que según diversas encuestas quiere mayoritariamente una nueva Carta Fundamental- y por otro lado la institucionalidad del Congreso, el órgano que debiera ser representativo pero que más desconfianzas genera. Si bien el Parlamento está facultado para abrir el cerrojo, hasta ahora nunca había sido desafiado por una voluntad política efectiva que “asumiera” esta demanda hasta sus últimas consecuencias. En los próximos meses y años habrá intentos de todo tipo por detener el flanco que se abre, y la condición de posibilidad para la nueva Constitución exige que la voluntad manifiesta de las mayorías sea capaz de interpelar al Congreso.

Aunque no sean vinculantes, los Diálogos Ciudadanos y la Educación Cívica pueden cumplir un importante rol para crear un clima de debate público sobre los contenidos y consensos mínimos de una nueva Constitución, como asimismo dar cuenta de las preferencias por un determinado mecanismo constituyente. El acompañamiento de estos espacios por un Consejo Ciudadano de Observadores permitirá además dar garantías para que se exprese una pluralidad y diversidad que va mucho más allá de las fronteras de los partidos políticos. En suma, todo el ejercicio para redactar las Bases Temáticas también abonará el camino y el escrutinio público para orientar las reformas y acuerdos que el Congreso debe alcanzar en la reforma habilitante.

Si por alguna razón esta participación quedara trunca, o finalmente fuera descartada por la institucionalidad, todo ello sin duda tendrá una importante repercusión en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, obligando a todos los candidatos y candidatas a tomar posición a favor o en contra del proceso y a explicitar su opción por uno de los cuatro mecanismos constituyentes. En este punto, la amenaza de una alta abstención podría condicionar la capacidad del futuro Congreso para ejercer el poder constituyente y decidirse por un “plebiscito de entrada”. En el caso contrario, si la participación electoral es alta, ella misma será una confirmación de la vitalidad del proceso y puede determinar por completo el mapa político que permita la adopción de una Nueva Constitución mediante un plebiscito que incluya la Asamblea Constituyente.

El punto más débil de todo el cronograma es la reforma habilitante que será definida por el actual Congreso a partir de octubre de 2016. El Capítulo 15 de la Constitución de 1980 exige para aprobarla los dos tercios de ambas cámaras y presupone con ello los votos favorables de la oposición de derecha. El escenario se ve difícil porque hasta ahora la Alianza sólo se muestra a favor de una reforma parcial y no de una nueva Constitución. Con todo el texto vigente considera la posibilidad de un plebiscito en el caso de una controversia donde el Ejecutivo “rechace” una reforma aprobada por ambas cámaras y estas “insistan” por los dos tercios de sus miembros. La fórmula no es clara pero está en la ley y no se ha explorado aún.

En resumen, habrá o no otra Constitución en la medida que las fuerzas sociales y políticas sean capaces de ocupar a su favor el debate público que promete el proceso constituyente. En este sentido, las cuestiones que todavía no han sido definidas son más bien espacios disponibles para reafirmar la necesidad del cambio, y para “presionar” desde la participación por un itinerario institucional que legisle para la Ciudadanía.

Muchos podrán reprochar a Bachelet que su promesa no se cumplirá durante su período. Sin embargo, hay que reconocer que asumió los costos y optó por la necesidad de generar las condiciones para un camino posible y concreto, que incluye dar voz a la Ciudadanía mientras se intenta poner fin a los últimos amarres de la Constitución de 1980. Si lo logra, el camino que siga después de 2018 ya no será “en la medida de lo posible”.

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