El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) llevó adelante la iniciativa que restituyó 1658 hectáreas de territorios ancestrales.

Las tierras fueron adquiridas por el Estado en el departamento de Concepción para ser otorgadas a las comunidades Vya Renda, Patavyterá y Takuarendiju.

Para llevar adelante la adjudicación de terrenos, el Ejecutivo paraguayo se amparó en el artículo 64 de la Constitución Nacional.

Dicho apartado establece el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad comunitaria de la tierra para la conservación y desarrollo de sus formas de vida.

El INDI informó que desde 2011 y hasta 2012 se entregaron 24 mil 609 hectáreas a los pueblos originarios. Esto benefició a más de 400 familias de 10 comunidades.

También se titularon otras 70 mil 164 hectáreas que beneficiaron a 18 pequeñas comunidades del país sudamericano.

El Gobierno paraguayo tiene como objetivo continuar con las adjudicaciones y la expropiación de tierras robadas a las comunidades y adquiridas ilegalmente por terratenientes.

Vale recordar que los pueblos originarios de Paraguay reclaman desde el año 1996 la restitución de sus terrenos.

El pasado marzo, campesinos de ese país realizaron la llamada Marcha del Campesino Pobre en reclamó medidas contra el latifundio y una reforma agraria. (PÚLSAR)

"Con la muerte de Alfredo Villatoro y Erick Martínez, ocurrida el 5 de mayo pasado, el gremio perdió a dos de sus miembros en 10 días", afirmó Reporteros sin Fronteras.

Además, la organización agregó que "las amenazas, los ataques y las agresiones siguen siendo cosa de todos los días para los periodistas hondureños".

A su vez, la entidad declaró que en esta situación ninguna lucha contra la impunidad alcanzará su meta si no se realiza una profunda reforma del sistema judicial.

La radio HRN es una de las emisoras con mayor penetración en la población hondureña.

Cabe señalar que poco más de una semana atrás fue asesinado también en Honduras el comunicador, activista y candidato a diputado, Erick Martínez Ávila.

En esa oportunidad, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, informó que al menos 21 comunicadores han sido asesinados en ese país durante los últimos 3 años.

En noviembre pasado, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe advirtió sobre el ambiente "hostil" para el ejercicio del periodismo en Honduras.(PÚLSAR)

La principal exigencia estudiantil es la reforma del sistema educativo. A esto suman el pedido de una reforma tributaria que financie la educación.

Vale recordar que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el pasado abril la creación de una reforma tributaria que contempla la ampliación de los créditos estatales para financiar estudios universitarios y la entrega de becas.

Sin embargo, los estudiantes chilenos desestiman la propuesta oficial por considerar que no elimina el lucro en los establecimientos educativos que reciben aportes del Estado.

Por su parte, el ministro de Educación chileno, Harald Beyer, anunció este martes que aguardaba reunirse con los estudiantes. El funcionario había manifestado anteriormente que la educación gratuita "es una política injusta".

La anterior movilización había convocado unas 80 mil personas el pasado 25 de abril. Ambas fueron convocadas por organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios. (PÚLSAR)

Fue el sábado pasado en la ciudad de Arroio do Sal.

María Pía Matta, presidenta de AMARC Internacional, cuestionó al Gobierno brasileño por ser uno de los peores países en el cumplimiento del derecho a comunicarse de la población.

Luciano Gallas, del Colectivo Intervozes, explicó que las actuales leyes del sector "son inconsistentes y fragmentadas", lo que requiere un nuevo marco regulatorio de comunicación.

En ese sentido, Michael Camilleri, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo que los países deben asegurar una radiodifusión "vigorosa y plural".

Camilleri aseguró que es el deber de los Estados garantizar "la igualdad de oportunidades de acceso a los medios" a los sectores de la sociedad.

Joaquim Goulart, coordinador de la Asociación Brasileña de Radiodifusión Comunitaria (Abraço), señaló que el problema de las comunicaciones en el país, más que técnico, es de "trasfondo político".

El coordinador de Abraço también aclaró que hoy es imposible continuar con la Ley 9612, que regula a las radios comunitarias, porque no da cuenta de los avances tecnológicos.(PÚLSAR)

La explosión provocó la muerte de dos personas. Mientras tanto, en el mediodía colombiano, Londoño era atendido por las heridas sufridas.

La principal hipótesis indica que una motocicleta colocó un explosivo sobre la camioneta que trasladaba al ex ministro.

La otra posibilidad apunta a una bomba camuflada en el ómnibus que se encontraba junto al automóvil que llevaba a Londoño al momento del estallido.

Los medios colombianos informan que horas antes de la explosión fue desactivado un carro-bomba en el barrio bogotano Eduardo Santos.

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, informó que hay un sospechoso detenido por este carro-bomba.

Además, Petro señaló que la Policía ya tiene videos del lugar en el momento en que fue detonada la bomba.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos dio por hecho que se trató de un atentado contra el ex ministro Londoño, quien ejerció el cargo durante el primer mandato Álvaro Uribe.(PÚLSAR)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó un panorama sobre la actualidad carcelaria a nivel regional. Fue a través del documento llamado "Informe sobre los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en las Américas".

El documento denunció las deficiencias estructurales de los establecimientos y la negligencia estatal como elementos que conspiran contra la readaptación de las personas en situación de cárcel.

El organismo de Derechos Humanos de la OEA señaló también la falta de protección de grupos vulnerables, la ausencia de programas laborales y educativos y la falta de transparencia en la gestión penitenciaria.

Según datos publicados en el informe; Uruguay, México y Venezuela son los países que menos invierten en sus sistemas carcelarios, mientras que Bahamas es el que más aporta.

Por otra parte, la CIDH manifestó que en varios países de la región los internos de los penales pasan largos períodos de detención antes de ser acusados formalmente y ser llevados a juicio.

El empleo de la "tortura con fines de investigación criminal", el "uso excesivo de la fuerza" y la detención preventiva son otros de los datos que denuncia el informe de la Comisión.

Por último, la entidad pide a los Estados regionales que garanticen los derechos de las personas privadas de su libertad y que aseguren condiciones dignas de reclusión. (PÚLSAR)

Los dirigentes de la organización indígena presentaron este lunes el recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

El texto presentado señala la contravención de la medida gubernamental en el marco de un Estado democrático y de la Constitución de la República.

Anteriormente, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib`Kej y distintas organizaciones sociales presentaron recursos ante el Congreso nacional para evitar la ratificación del estado de sitio.

Vale recordar que el pasado primero de mayo una movilización social se opuso a la instalación de una central hidroeléctrica en tierras pertenecientes a pueblos mayas.

Durante el reclamo que se desarrolló en el municipio guatemalteco de Santa Cruz Barillas, el líder comunitario, Andrés Francisco Miguel, fue asesinado por desconocidos.

Tras estos hechos, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, declaró el estado de sitio por 30 días en esa zona perteneciente al departamento de Huehuetenango.

La decisión movilizó un centenar de efectivos del Ejército y la Policía para restablecer el orden bajo el amparo de la llamada Ley del Orden Público.

La mayoría de los detenidos hasta el momento fueron líderes comunitarios. Están acusados de terrorismo, allanamiento a propiedad privada y atentado contra la seguridad pública, entre otros cargos. (PÚLSAR)

La misiva fue dirigida a uno de los integrantes de ese movimiento. Se trata del presidente del sindicato agrario de Colombia (Fensuagro), Alirio García.

A través de este referente político, los paramilitares intimidaron a las 12 organizaciones multisectoriales que conforman la Marcha Patriótica.

Asimismo, señalaron a dicha entidad como un proyecto financiado por la guerrilla colombiana conformada por ex miembros del desaparecido partido colombiano de izquierda, Unión Patriótica (UP).

Por otra parte, los paramilitares acusan a sus víctimas de sublevar a las comunidades y de abusar de la "enorme voluntad" del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Según los integrantes de la Marcha Patriótica, estas amenazas se suman a 2 desapariciones y 2 asesinatos de integrantes de esa agrupación desde el pasado abril.

Las águilas negras es uno de los grupos paramilitares surgidos tras la desmovilización en 2006 de la organización ilegal de extrema derecha, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Marcha Patriótica es un nuevo proyecto político y social que constituye la oposición política al Gobierno de Unidad Nacional del presidente Santos.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la ex senadora Piedad Córdoba, quien también denunció el pasado miércoles haber recibido amenazas. (PÚLSAR)

El evento reunió a organizaciones de género, migrantes, personas con VIH/SIDA y personas con capacidades diferentes, entre otros sectores en situación de discriminación.

Se realizaron actividades que hicieron parte de la duodécima Muestra Cultural por la Diversidad y la no Discriminación.

Estas actividades fueron organizadas por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y contó con la adhesión del capitulo chileno de Amnistía Internacional.

El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia celebrado este sábado en Chile sirvió también para celebrar la aprobación tras 7 años de debate de la Ley Antidiscriminación.

La normativa aprobada el pasado miércoles establece que el Estado chileno deberá elaborar políticas públicas contra la discriminación arbitraria mediante la educación y promoción del respeto mutuo.

Por otra parte, las organizaciones participantes reclamaron durante los festejos de este sábado la derogación del artículo 365 del Código Penal chileno.

Dicho apartado establece en 18 años la edad de consentimiento sexual para la comunidad homosexual, mientras que para los heterosexuales es a los 14.

Según las entidades de género, esta norma "viola los Derechos Humanos". Además, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas instó a Chile en 2007 a modificarla. (PÚLSAR)

Según informó la policía local, Alfaro Rodríguez fue asesinado a la salida de una reunión en la sede municipal del Frente Farabundo Martí.

Asimismo, los uniformados y compañeros del activista de 51 años señalaron que los autores del crimen no fueron identificados.

El Frente aún no se ha manifestado oficialmente sobre la muerte del militante y ex jefe de campaña electoral en El Rosario.

Por su parte, un familiar del activista consideró que el asesinato fue por motivos políticos. En ese sentido, responsabilizó a presuntos integrantes de de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Se trata del partido opositor derrotado por el Frente Farabundo Martí en las elecciones municipales de El Rosario.

Dichos comicios fueron realizados en marzo pasado. El candidato por el Frente, Julio Diego Arévalo, había ganado aquellas elecciones en dicha sección.

Juan Pablo Alfaro Rodríguez había dirigido la campaña electoral. Tras la victoria, tanto el activista como el alcalde electo fueron amenazados.

Vale recordar que el pasado 11 de marzo, los salvadoreños participaron de elecciones municipales y legislativas en las que eligieron a los 262 alcaldes del país y los 84 diputados del Parlamento. (PÚLSAR)

En conferencia de prensa, el vocero de Seguridad Pública de Nuevo León, Jorge Domene, explicó que identificar los cuerpos será difícil pues les fueron quitadas las manos y las cabezas.

El portavoz adelantó que el caso se podría vincular con un ajuste de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada.

En su turno, el titular de la Fiscalía local, Adrián De la Garza, estimó que los asesinados podrían ser migrantes o habitantes de otras entidades en México.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Javier del Real Magallanes, sentenció que con este tipo de acciones los grupos delictivos pretenden sembrar el terror entre sus enemigos.

Este crimen hace recordar el sucedido en septiembre de 2011, cuando las autoridades de la sureña ciudad de Veracruz localizaron 35 cadáveres apilados en una importante vía automovilística de esa región, conocida por ser un destino turístico importante en aquel país.

La denominada guerra contra la delincuencia organizada emprendida por el mandatario mexicano, Felipe Calderón, ha ocasionado la muerte de unas 47 mil personas, según las cifras oficiales.

Las organizaciones también exigieron justicia al Gobierno del presidente hondureño, Porfirio Lobo, frente a los reiterados crímenes que se suceden en ese país.

El Mandatario se refirió al caso del comunicador secuestrado y manifestó que la policía local trabaja en su búsqueda.

Sin embargo, el Observatorio de la Violencia de Honduras expresó que este hecho demuestra una vez más la carencia de resultados por parte de los organismos encargados de realizar las investigaciones.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó el secuestro de Villatoro y solicitó a sus captores el respeto de su integridad física y su inmediata liberación.

Asimismo, el Colegio de Periodistas de Honduras reiteró su pedido al Gobierno nacional para que garantice la protección de los comunicadores.

Alfredo Villatoro Rivera fue secuestrado el pasado miércoles en Tegucigalpa cuando se dirigía a la emisora radial donde trabaja como coordinador de noticias.

Este secuestro se produjo a pocos días del asesinato del comunicador, activista y candidato a diputado, Erick Martínez Ávila.

Tras estos hechos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, informó que al menos 21 comunicadores han sido asesinados en ese país durante los últimos 3 años. (PÚLSAR)

Según informa radio.uchile.cl, Cristian Wagner y Claudio Toro serán formalizados el próximo 28 de mayo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Los ejecutivos se desempeñaban en empresas que fueron multadas por el Tribunal de la Libre Competencia por el cargo de colusión para adjudicarse licencias.

La práctica consistía en que empresas postulantes vendían sus derechos de postulación a otro competidor para eliminar la competencia.

Las licencias en juego correspondían a radios FM de las localidades de La Serena, Los Vilos, Pichidangui, Llayllay, Pichilemu, Alerce y Coyhaique.

La formalización de Wagner y Toro es un desprendimiento de aquella causa de colusión de empresas denunciada en 2007.

Juan Ortega, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Chile (AMARC Chile), advirtió sobre la mala administración estatal del espectro radioeléctrico.

Ortega recordó que siempre hubo solicitudes de mayor transparencia por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

Perla Wilson, de Radio Tierra, valoró los avances de la Fiscalía pero lamentó que haya pocas herramientas para otorgar sanciones más drásticas a este tipo de casos. (PÚLSAR)

La presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados urgió al presidente, Felipe Calderón Hinojosa, a promulgar de inmediato la señalada norma.

Mary Telma Guajardo, que encabeza el órgano de gobierno en San Lázaro, señaló que el objeto del pedido es garantizar mejores condiciones de seguridad a los informadores.

La diputada Guajardo repudió los asesinatos de Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, y demandó el esclarecimiento de esos crímenes junto al de Regina Martínez.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Mendoza Reyes, también condenó con energía los atentados contra los trabajadores de medios de comunicación.

A su vez, Reyes exigió que se investigue a fondo todos los casos y se llegue hasta las últimas consecuencias. 

Vale recordar que dicha ley busca garantizar la protección rápida y efectiva de las y los defensores de DDHH y periodistas en riesgo.

Para ello, la norma contempla un mecanismo de medidas de prevención para atacar las causas estructurales que vulneran a periodistas y defensores de derechos humanos.

Asimismo, el documento plantea medidas de protección que buscan disminuir los factores de riesgo cuando dichas personas enfrenten actos de agresión en su contra.(PÚLSAR)

El anuncio fue realizado este jueves por el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre. Fue tras recibir una denuncia formal por parte de la ex senadora, Piedad Córdoba.

El funcionario también informó sobre la conformación para este caso de un "grupo especial" de profesionales que darán curso a las investigaciones sobre las amenazas.

Por su parte, el defensor de los Derechos Humanos en Colombia y vocero de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, Iván Cepeda, también participó de la presentación de denuncias.

Asimismo, el activista manifestó ante la prensa que posee "información puntual sobre una operación" para atentar contra Piedad Córdoba en los próximos días.

En ese sentido, Córdoba denunció que personas de "alto nivel" de Colombia habrían ofrecido dinero a grupos paramilitares para llevar adelante el atentado en su contra.

Por tal motivo, la también activista social pidió garantías al Gobierno colombiano y aseguró que el Estado debe resguardar el derecho a formar organizaciones que participen políticamente.

Vale recordar que la ex senadora Piedad Córdoba encabeza en Colombia un nuevo proyecto político y social. Se trata del llamado Consejo Patriótico Nacional.

Dicha entidad organizó el pasado abril en el país sudamericano la primera edición de una movilización denominada Marcha Patriótica.

En ese contexto, unas 35 mil personas provenientes de distintas partes del país y en representación de diferentes organizaciones sociales se movilizaron en reclamo de un diálogo de paz en Colombia. (PÚLSAR)

Rafael Correa expresó durante el encuentro con el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) su preocupación por la actuación de la CIDH.

Asimismo, el Presidente también criticó que dicho organismo interamericano sea presidido por Estados Unidos.

En ese sentido, Correa cuestionó la visión anglosajona que tiene el norteño país con respecto a los Derechos Humanos. Según el Mandatario, Estados Unidos sataniza al Estado y presenta a los periodistas como perseguidos.

Vale recordar que el Presidente acusó recientemente a la CIDH de violar el derecho del Estado ecuatoriano a un debido proceso de defensa. Fue durante el juicio contra el diario local, El Universo.

Tras este caso, los directivos del diario fueron sentenciados a 3 años de prisión y al pago de 40 millones de dólares por los delitos de calumnias e injurias contra el Mandatario. Lo mismo sucedió contra el editorialista de ese medio.

Sin embargo, el presidente Correa perdonó en febrero pasado a los sentenciados por el caso.

Por otra parte, el Jefe de Estado ecuatoriano destacó la necesidad de transformar el sistema de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, remarcó la dificultad de poder realizar una reforma que represente los intereses de todos los países que forman parte de ese organismo interamericano.

Por su parte, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, también se reunió con Insulza y confirmó, pese a los dichos de Correa, que Ecuador no abandonará la CIDH. (PÚLSAR)

La Mandataria brasileña designó este jueves a los 7 integrantes de la Comisión creada en noviembre de 2011 mediante una ley.

El grupo estará integrado por el ministro del Supremo Tribunal de Justicia, Gilson Dipp; el ex ministro de Justicia de Fernando Henrique Cardozo, José Carlos Dias y la ex abogada de la propia Rousseff durante la dictadura, Rosa Maria Cardoso da Cunha.

También formarán parte de la Comisión el ex procurador de la República, Cláudio Fonteles; la ensayista Maria Rita Kehl; el abogado José Paulo Cavalcanti Filho y el diplomático Paulo Sérgio Pinheiro.

El período analizado también incluye las investigaciones sobre la dictadura militar que operó en el país sudamericano entre 1964 y 1985.

Los integrantes de este grupo tendrán 2 años para redactar un informe final. Será tras escuchar declaraciones y analizar documentos enfocados al esclarecimiento de los crímenes.

Sin embargo, las investigaciones de la Comisión de la Verdad no tendrán un fin punitivo. Por tal motivo, no podrá procesar a los autores de los delitos.

Cabe señalar que la imposibilidad de enjuiciar a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos se produce por la vigencia en Brasil de la Ley de Amnistía.

Dicha normativa fue aprobada en 1979 bajo el régimen militar. La norma impide el procesamiento judicial de los autores de torturas, asesinatos, desapariciones y otros delitos.

Brasil es el único país sudamericano que no procesó a ninguno de los autores de los crímenes cometidos durante las dictaduras instaladas en la región durante las décadas del 60, 70 y 80. (PÚLSAR)

Antes de la llegada del joven, la Cancillería uruguaya manifestó que empleará "todos los medios a su alcance" para determinar "las eventuales responsabilidades" sobre el hecho.

En ese sentido, destacó que financiará el viaje y la estancia en Uruguay del joven haitiano y la de sus abogados, además de ofrecerles "seguridad y privacidad".

Esto se debe a que Jhony Jean Biulisseteth rechazó las propuestas uruguayas de prestar declaraciones mediante una videoconferencia o mediante el traslado a Haití del juez competente, Alejandro Guido.  

Cabe señalar que la Cancillería también informó que desde la presentación de la denuncia por este caso se iniciaron procedimientos tanto a nivel de la Justicia militar como en la órbita penal ordinaria uruguaya.

Vale recordar que los 5 cascos azules uruguayos acusados de agredir sexualmente al joven haitiano pertenecían a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) en Haití.

La denuncia contra los uniformados se presentó tras la difusión a comienzos de septiembre de 2011 de un video donde se mostraban los supuestos abusos contra Jhony Biulisseteth.

Tras conocer los hechos, el presidente haitiano, Michel Martelly, repudió el acto y lo calificó de "violación colectiva".

Por su parte, el presidente uruguayo, José Mujica, envió una carta con disculpas al pueblo de Haití. Allí aseguró la investigación del hecho "hasta las últimas consecuencias". (PÚLSAR)

A partir de esta ley sancionada con 55 votos a favor y ninguno en contra, toda persona podrá solicitar el cambio de nombre, foto y sexo de su documento de identidad.

Para pedir esta rectificación registral, la persona deberá ser mayor de 18 años y presentarse ante el Registro Nacional de las Personas para modificar sus datos.

Dicha rectificación no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona inscripta antes del cambio registral.

Tampoco cambiarán las obligaciones provenientes de las relaciones propias del derecho de familia, ya que estas se mantendrán inmodificables.

Además, las entidades nacionales encargadas de la prestación médica deberán pagar los tratamientos de salud que la persona requiera para modificar su cuerpo de acuerdo con el género autopercibido.

En ese sentido, la ley aprobada establece que la elección de la identidad de género puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole.

Según la Ley de Identidad de Género, estas modificaciones deben ser libremente escogidas. También se aplica para las elecciones referidas a la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

La normativa aprobada este miércoles define como "identidad de género" a la "vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo".

Vale recordar que Argentina es el primer país latinoamericano que cuenta desde 2010 con una legislación federal que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo. (PÚLSAR)

Los mineros informales de Perú comenzaron este martes una huelga indefinida en el sur y norte del país que incluye el bloqueo de caminos como forma de protesta.

Exigen al Gobierno que les permita seguir con sus actividades laborales mientras se cumple el proceso de registro de trabajadores mineros informales y artesanales ordenado por el Estado.

Además, exigen la anulación de 5 decretos legislativos que fiscalizan y sancionan la minería informal en Perú. Dicha actividad fue convertida en delito penal por el Gobierno.

Luego de la primera jornada de huelga, el Ejecutivo peruano oficializó una autorización para que los trabajadores informales puedan seguir comercializando oro durante 2 años más, mientras legalizan su situación.  

Esta decisión fue alcanzada tras la firma de un Decreto Supremo donde se establece que el Gobierno otorga a la estatal empresa, Activos Mineros, "un encargo especial" para "fortalecer el proceso de modernización" de los mineros informales.

La iniciativa se consolidó este martes durante una reunión entre autoridades estatales y dirigentes mineros de las regiones peruanas de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Piura y La Libertad.

La puesta en marcha de esta normativa estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas, quien emitirá a partir de este jueves las disposiciones para establecer mecanismos de certificación, capacitación y transferencia tecnológica.

Cabe señalar que pese la alta contaminación que produce la minería informal, se trata de la única salida laboral que poseen los trabajadores afectados por las restricciones gubernamentales.

Por su parte, el Gobierno peruano señala que la minería informal daña el medio ambiente con sustancias tóxicas, evade el pago de impuestos y sobreexplota a los trabajadores. (PÚLSAR)