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Aborto Terapéutico y violación: La salud mental no está separada del cuerpo de las Mujeres

19 de Julio de 2013 -

El Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo debatió la urgencia de una ley de aborto terapéutico en Chile. El foro puso sobre la mesa la evidencia de casos habituales de incesto y de violación, la disparidad de criterios entre los médicos a la hora de intervenir en situaciones que ponen en peligro la vida de las mujeres, y la brecha social que aún existe en cuanto a la planificación familiar y la prevención de embarazos no deseados.

Todas estas situaciones configuran un escenario de fuertes desigualdades que afectan a las mujeres, y que constituyen el contexto de base para debatir sobre aborto.  Aunque los estudios muestran que la sociedad chilena aún rechaza la idea de un “aborto libre”, desde 1999 los estudios de opinión realizados por distintas entidades como FLACSO, Humanas, la Universidad Central y otros, señalan una creciente aceptación del aborto terapéutico incluyendo los casos de violación en más de un 50% de los encuestados.

La vocera de MILES, Claudia Dides, manifestó que “en el fondo lo que tenemos es una ciudadanía que ha estado trabajando sobre el tema durante más de 20 años, que ha puesto el tema a través de hitos. Nosotras cada vez que hemos hablado del tema de aborto o aborto terapéutico ha sido a partir de casos, de casos de mujeres que llegan hasta la prensa y que piden en circunstancias existenciales muy duras una ayuda: el caso de Giselle, el caso de Karen Espíndola, el caso de Romina”, recordó.

Por ello, cobra urgencia reponer dentro de la legislación el aborto terapéutico que existió por más de 60 años, y que fue prohibido a finales de 1989, en una de las últimas disposiciones de la dictadura.  A partir de ese momento, y durante toda la transición se impuso una visión integrista de la protección de la vida del que está por nacer, que impidió hasta 2012 toda discusión legislativa seria sobre este punto. “Una vez más seguimos en dictadura, o sea hay un grupo minoritario que nos impone a la mayoría que queremos conversar el tema, la imposibilidad de conversar el tema”, comentó el ginecólogo René Castro.

Chile es uno de los cinco países del mundo junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y la Ciudad del Vaticano que penalizan toda forma de aborto. Esta situación ha sido criticada por organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y Amnistía Internacional, quienes señalan que su prohibición en todos los casos -especialmente en los de violencia sexual- constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y un trato cruel inhumano o degradante equivalente a la tortura.

Por ello, al replantear la noción de aborto terapéutico, resulta crucial promover un concepto integral de la salud que incorpore la dimensión psíquica, como un componente no separado del cuerpo de las mujeres, y en razón del cual el derecho a decidir cobra sentido desde la perspectiva de las mujeres que deciden abortar. En este sentido, la presidenta del Colegio de Matronas hizo una cruda exposición sobre la cotidianeidad de la violencia sexual en contra de las mujeres y las niñas en Chile, y cómo esta situación se traduce en muchos casos en abortos inseguros, especialmente en las zonas rurales.

“Que pena que no esté el Colegio Médico, porque debiéramos debatir lo que efectivamente los médicos están viviendo al no tener claridad de la ley. Por eso el Colegio de Matronas le dijo a Miles que sí, tenemos que ser más claros en el tema del aborto terapéutico. No podemos seguir hoy amarrando a las mujeres a la concepción valórica del médico que esté frente a ellas en el sector público… porque en el sector privado la mujer si quiere paga o cruza la frontera… y pasa a ser un tema de discriminación”, opinó Anita Román del gremio de las matronas.

El foro se realizó con el patrocinio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central junto al Colegio de Matronas. En la oportunidad se lanzó una carta de compromiso dirigida a los parlamentarios para  que Chile tenga una Ley sobre Aborto Terapéutico, y que fue firmada en principio por las candidatas a diputadas Maya Fernández y Karol Cariola.

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